El Tribunal Superior revoca la moratoria sobre el cultivo de la piña en Los Chiles, Costa Rica

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El Tribunal Superior de Costa Rica ha negado una vez más el derecho de los gobiernos locales a declarar moratorias sobre la producción de piñas en sus jurisdicciones, esta vez en la municipalidad de Los Chiles al norte del país.

Denunciando la contaminación de las aguas y la explotación de fuerza de trabajo inmigrante, una coalición de grupos medioambientales y políticos se unieron recientemente para, con éxito, presionar al municipio de los Chiles para otorgar una moratoria de cinco años en las concesiones de los permisos para la producción de piña en el cantón de Alajuela, situada justo al sur de Nicaragua.

La Cámara Nacional de Productores de Piña (CANPEP) inmediatamente pidió a la Cámara Constitucional de la Corte Suprema, o Sala IV, una orden. El tribunal apoyó a los productores de piña anulando la moratoria, permitiendo así a las productoras de piña permanecer en Los Chiles.

La sentencia y los argumentos de la Corte Suprema no se encontraban disponibles en el momento de su publicación.

Varios municipios en Costa Rica han intentado establecer moratorias en los últimos años, siendo revocadas todas ellas. En 2014 el legislador del partido Frente Amplio, Edgar Araya y un grupo de activistas medioambientales y comunitarios de las regiones productoras de piña, intentaron obtener en vano una aprobación por parte del ejecutivo para una moratoria nacional de cinco años en la expansión del cultivo de la piña.

Los partidarios de la fallida moratoria de Los Chiles, incluyendo el grupo medioambiental y de justicia social Ditsö, asegura que se hace necesaria una pausa de la producción de piña en la zona. El coordinador de Ditsö Jeffre López, el cual trabaja temporalmente en los campos de piña en Los Chiles, afirmó que los cultivadores de piña explotan mano de obra inmigrante y causan efectos desastrosos en las aguas potables y el suelo de las comunidades de alrededor.

“La moratoria es un instrumento el cual seguiremos intentando llevar a cabo a pesar de la orden del tribunal,” afirmó López. “Es un derecho de las comunidades y los municipios establecer medidas encaminadas a proteger a las personas y al medioambiente. Con la anulación de esta moratoria, creemos que el gobierno está anteponiendo los intereses de las empresas productoras de piña a los de las personas.”

López asegura que el Presidente Luis Guillermo Solís prometió durante su campaña electoral que protegería a las comunidades y los trabajadores de los dañinos efectos de las plantaciones de piña.

Exportaciones y puestos de trabajo

Decretando un paro en la lucrativa industria de la piña en Costa Rica, provocaría una importante merma en las exportaciones del país. La industria generó más de mil millones de dólares en exportaciones en 2015, según los datos de CANAPEP, además de generar 28.000 puestos de trabajo locales.

Siendo conocida Costa Rica como “campeona mundial” en la producción de piña, el presidente de CANAPEP Abel Chávez afirmó que la industria se ha convertido en un punto demasiado crucial para el país como para suspenderla, especialmente en un área empobrecida como Los Chiles, dónde las oportunidades de trabajo son escasas.

“No pensamos solamente en la parte económica, también nos preocupa que no hayan otras oportunidades laborales en esta parte del país,” asegura Chávez. “Simplemente no hay otras alternativas para trabajos agrícolas aquí.”

Gerardo Barba, otro activista agrícola y miembro de Ditsö, afirmó al periódico The Tico Times vía telefónica desde Los Chiles de que la decisión del Tribunal demuestra que la justicia se preocupa más por contentar a los productores de piña que de la gente común.

“Cuando estas cosas ocurren, no es el gobierno quien las sufre,” señaló Barba. “Es la gente local aquí quien las sufre. Nosotros vamos a sufrir las consecuencias como agua contaminada o hambre debido a la pobreza.”

Historia sobre el agua contaminada.

El cultivo de la piña ha originado algunos alarmantes asuntos medioambientales en Costa Rica. En abril, el Instituto de Aguas y Alcantarillado detectó el herbicida bromacil en diferentes manantiales los cuales abastecen de agua a la comunidad de Veracruz de Pital, en la provincia de Alajuela. Este hecho fue diariamente cubierto por La Nación. La comunidad fue obligada a cerrar sus principales acueductos y obtener agua de fuentes alternativas.

En junio, investigadores registraron las oficinas de la compañía dedicada a la producción de piña Agrícola Industrial La Lydia, en Veracruz, buscando evidencias para respaldar las sospechas del gobierno de que la compañía había sido responsable de la contaminación. Los campos de piña de la compañía llegan a menos de 200 metros de las fuentes de agua, según informó la oficina del fiscal.

El Bromicil es comúnmente usado en las plantaciones de piña y ha contaminado sistemas hídricos en otras partes del país, especialmente en varias comunidades en Siquirres. Este caso tuvo su primera audiencia ante la Comisión de Derechos Humanos Interamericana el pasado año.

Guácimo y Pococí en la costa Caribeña también han alegado contaminación de los recursos hídricos y efectos en la salud humana. Ambos municipios establecieron moratorias en la producción de piña en 2012, las cuales fueron desafiadas por CANAPEP y anuladas por el alto tribunal.

Una potente fábrica de dinero

Chávez aseguró que CANAPEP no conocía los problemas con el abastecimiento de agua en Los Chiles. Afirmó que las protestas no deberían estar dirigidas contra las plantaciones de piña, sino contra negocios y granjeros los cuales no siguen las regulaciones del gobierno respecto a qué productos químicos usar y el cómo usarlos responsablemente.

El presidente de la cámara apuntó que en su opinión algunos Costaricenses tienen una idea exagerada sobre los supuestos impactos medioambientales de las plantaciones, mientras que minimizan el verdadero valor del cultivo de la piña. Otros países como Colombia han manifestado su interés en copiar el modelo de negocio de la piña de Costa Rica, el cual ha desembocado en un “boom” en las exportaciones en los últimos años.

“Costa Rica ha allanado el camino para una exitosa producción de piña en otros países,” afirmó Chávez. “Ahora mismo hay un porcentaje de población aquí que no quiere aceptar eso, incluso a pesar de que otros países están intentando emular lo que nosotros estamos haciendo.”

Los activistas anti-piña vuelven al punto de partida

La representante legal Sofía Barquero, representante de la campaña Piña Sin Derechos y que ayudó a asesorar al municipio de Los Chiles en su moratoria, calificó la última decisión del tribunal como decepcionante, ya que la municipalidad había trabajado en subrayar argumentos diferentes a los que habían fracasado en otros municipios.

“Después de lo ocurrido en Guácimo y Pococí estuvimos trabajando durante dos años analizando cómo podríamos encajar otra moratoria llevada a cabo por un municipio y que funcione, teniendo en cuanta lo que el Tribunal Constitucional argumentó es estos casos,” comunicó Barquero a The Tico Times via email. “Por eso esta última decisión del tribunal nos ha sorprendido tanto. Las razones para denegar la moratoria en Los Chiles no deben ser las mismas que las que dieron para las localidades del Caribe.”

Barquero aseguró que el rechazo del Tribunal Constitucional hace ahora muy difícil para los municipios el ganar cualquier batalla legal contra los productores de piña o CANAPEP.

Aunque al menos, ella mantiene que ha reabierto un debate nacional sobre la producción de piña.

“Una vez que la moratoria ha sido anulada por el tribunal, no hay otra vía legal,” ella afirmó. “Estamos evaluando cual es el siguiente paso a tomar. Una opción sería investigar detenidamente a cada productor de piña para encontrar brechas legales. La otra opción sería obtener una moratoria a través del poder ejecutivo.”

Para Los Chiles, el cual se sitúa entre uno de los cantones más pobres del país, la fallida moratoria es su más reciente obstáculo. Activistas como López aseguran que, a pesar de todo, seguirán luchando del modo que sea en favor del medioambiente de la comunidad y los derechos humanos.

“Esta extrema pobreza coincide con el desarrollo de monocultivos, sabemos que en cualquier lugar que existe monocultivo, hay elevados niveles de pobreza,” afirmó López. “El gobierno no está protegiendo ni el medioambiente ni los derechos de los trabajadores.”

Reproducido del The Tico Times

Fotos: Lindsay Fendt/The Tico Times