Los melones de Fyffes en el centro de reclamos por abuso laboral por parte de trabajadores hondureños

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Trabajadores en la desfavorecida región se quejan de las condiciones deficientes y dicen que la multinacional ha bloqueado los esfuerzos para formar un sindicato, alegatos negados por Fyffes.

 
Jonathan Watts en Choluteca
 
(Artículo reproducido por The Guardian)
 
A miles de millas de los supermercados de Occidente a los que abastecen con melones, una comunidad de trabajadores hondureños de las plantaciones de melón dice estar amenazados con despidos e indigencia porque han intentado formar un sindicato en la empresa de propiedad irlandesa.
 
Los trabajadores – de los cuales la gran mayoría son mujeres – ahora están pidiendo a consumidores estadounidenses y europeos que hagan un boicot a los productos vendidos por la multinacional de frutas Fyffes hasta que mejore las condiciones de trabajo y permita negociaciones colectivas. 
 
Su hogar es Choluteca, un municipio cercano a la frontera con Nicaragua y una de las regiones más pobres del país. Durante décadas también ha sido una región donde los propietarios de las plantaciones han podido contratar, despedir y violar regulaciones laborales con impunidad gracias al apoyo de políticos locales y a la ausencia de sindicatos. 
 
El nivel de desarrollo económico es evidente en una visita a los campos. Manejamos por un camino de tierra lleno de baches en un carro tan oxidado que la tierra se puede ver a través de agujeros en el suelo. La mayoría de los cultivos a los lados de la carretera son caña de azúcar hasta que llegamos a Finca Santa Rosa, donde la tierra marrón pálida está rayada con docenas de láminas de plástico de 100 metros de largo que cubren los melones almizcleños. 
 
Esta es la propiedad de una de las tres sucursales de Fyffes – Melon Export, Soled y Suragro – en Choluteca. Juntas emplean a 2.700 residentes locales para despegar la tierra, plantar semillas, rociar con espray herbicidas y pesticidas, voltear los melones para prevenir quemaduras del sol, y después cosecharlos. 
 
Los trabajadores dicen que usualmente se les paga menos que el salario mínimo de aproximadamente $10 (£8) al día por largos turnos bajo el sol abrasador. Choluteca es famosa por ser la región más calurosa de Honduras. Pero los trabajadores se quejan de que la empresa no les proporciona ni agua, ni baños, ni atención médica cuando se sienten indispuestos. 
 
“Tenemos que trabajar incluso si estamos enfermos,” dice María Gómez de 65 años de edad, quien ha trabajado para Melon Export durante 28 años. “Las condiciones no han mejorado desde que empecé a trabajar”.
 
Fyffes dice que la operación en Choluteca está certificada por Primus Labs, una consultoría de seguridad alimentaria. “Ellos verifican la provisión de baños y agua, etc. La atención médica es proporcionada por un equipo médico in situ y si el problema es serio el trabajador es tratado en una clínica privada, como por ejemplo el trabajador sindicalizado que está actualmente de licencia por enfermedad de larga duración a causa de su diabetes y los trabajadores que fueron accidentalmente expuestos a productos químicos de tratamiento del suelo. 
 
El trabajo es estacional, dura solamente entre cuatro y seis meses. La situación de Gómez es típica entre muchos trabajadores de países en desarrollo atrapados en la pobreza – sin pensión o beneficios ofrecidos, esta mujer de 65 años no tiene posibilidad de retirarse pronto. Sale de casa a las cinco de la mañana y regresa a las seis de la tarde. Además tiene que traer su propio equipo. “La empresa no nos da nada. Si no traemos nuestro propio equipo no nos dejan trabajar,” dice.
 
Los costos para estos trabajadores son significativos: una azada (aproximadamente 100 lempiras o $4), machete (30), sobrero (100), zapatos (300), mochila (300), camisa de manga larga (100) y toallas (50) para asegurar que el cuello no quede expuesto al sol. Esto puede equivaler al salario de una semana entera. Un miembro del sindicato muestra su nómina de la semana anterior – 882 lempiras por un periodo de siete días. Otros dicen que reciben alrededor de 4.400 lempiras cada mes, 30% menos que el salario mínimo.
 
Las preocupaciones sobre la salud se basan en el uso de agroquímicos por los trabajadores, incluyendo Gramoxone, el cual fue prohibido por la UE en el 2007 pero no esta restringido en Honduras. Los trabajadores indican que no se les proporciona ninguna ropa protectora para llevar puesta mientras usan los químicos, los cuales tienen  riesgos para la salud bien documentados. “Ni siquiera nos dan máscaras faciales,” asegura Gómez. 
 
En respuesta a esta alegación, la empresa dijo a The Guardian que se provee todo el equipo de seguridad necesario. “Primus Labs verifica que el PPE, Equipo Protector Personal, es provisto a los trabajadores. El problema con el PPE es que a los trabajadores se les enseña a usarlo pero en los trópicos se vuelve incómodo utilizarlo y entonces el trabajador muchas veces no lo lleva puesto.”
 
Sin embargo, hay accidentes. Diecisiete mujeres trabajadoras fueron hospitalizadas el pasado diciembre después de ser envenenadas por agroquímicos, según al sindicato del Reino Unido GMB. Fyffes dijo que no se debió a que las trabajadoras estuvieran manipulando pesticidas o químicos, sino que fue porque las trabajadoras fueron dejadas accidentalmente en un lugar en la dirección del viento de un programa de tratamiento. La empresa dijo que había pagado el tratamiento en una clínica local y, desde entonces, había revisado sus procedimientos para prevenir que se repita el accidente. 
 
Los trabajadores han intentado tener mayor influencia en la manera en que son tratados. Para mejorar las condiciones, hace dos años los empleados fundaron una sucursal del sindicato de trabajadores agrícolas STAS. Los empleados dicen que enfrentaron la oposición de la empresa y amenazas del gobierno pero, pese a ello, el sindicato tiene ahora 107 miembros.
 
Entre los primeros en unirse estuvo Baltazar Cruz, quien dijo haber rechazado un  incentivo de la empresa de 10,000 lempiras para que renunciara a la junta directiva del sindicato. Está contento de haber continuado. Poco después de unirse perdió varios dedos de los pies en un accidente en el trabajo. Cuando pidió apoyo a la empresa, al principio no hicieron nada, dijo, pero el sindicato le ayudó a obtener tratamiento médico y un estipendio.
 
“El sindicato fue muy importante para mí. Es difícil ahora, pero sin ellos, sería peor,” dice.
 
Seis trabajadores afirman que sus empleadores estaban presionándolos para que no se unieran. 
 
“Amenazan con no contratar a trabajadores sindicalistas. Es muy cruel y opresivo,” dice el secretario general, Moisés Sánchez Gómez. Dice que fue despedido este año a causa de su labor en el sindicato. “Las personas aquí le han dado su vida a la empresa y no reciben nada a cambio. Yo he trabajado para ellos veinte años y todo lo que tengo es la camisa en mi espalda.”
 
 
Fyffes afirma estar dispuesta a interactuar con un sindicato, como hace en otros países, pero reconoce dificultades en Honduras diciendo que el sindicato en Choluteca no ha sido constituido de manera apropiada o confirmado por el Ministerio de Trabajo. Pero la empresa desmiente que haya despedido a trabajadores sindicalistas. 
 
“Todos los trabajadores estacionales se van al final de la temporada, como es típico en negocios agrícolas estacionales alrededor del mundo. Estas personas incluyen trabajadores sindicalistas y no sindicalistas, hombres y mujeres. No es el caso que los trabajadores sean despedidos – están bajo contratos temporales que caducan. Ningún trabajador permanente que sea miembro del sindicato ha sido despedido,” dijo un portavoz de la empresa.
 
Fyffes insiste en que proporciona todo el equipo de seguridad necesario y refuta las quejas de que no paga a sus trabajadores el salario mínimo, indicando que una inspección de las nóminas de 2013-15 por el Ministerio de Trabajo de Honduras encontró que todos los salarios y complementos están en consonancia con las leyes nacionales. Los trabajadores sostienen que las autoridades están ansiosas de complacer a la empresa, y que castigan a los funcionarios que se ponen de su parte.
 
El Ministro de Agricultura ha expresado su preocupación de que Fyffes pueda dejar Honduras si los trabajadores continúan con el sindicato; los informes de prensa también  han sugerido que razones financieras podrían llevar a la empresa a la vecina Guatemala.
 
Fyffes insiste en que no tiene planes de dejar la región, pero las preocupaciones del gobierno han dejado a los lugareños en un estado de incertidumbre. Cerca del 90% de los trabajadores son mujeres, muchas son madres solteras, y otras son de edad avanzada. Si el trabajo de Fyffes desapareciera, Gómez estima que 700 lugareños podrían quedar en la miseria. “La gente de aquí se quedaría sin nada,” dice.
 
Se necesitaría muy poco para llevar a la gente de aquí a la pobreza extrema. Uno de los trabajadores, Juan Antonio Ramírez, dice que tiene que pagar el impuesto sobre la propiedad o el interés sobre la multa coercitiva aumentaría y se verían obligados a endeudarse aún más. Gómez dice que sería incapaz de comprar comida - el trabajo es esencial porque la plaga ha arruinado su pequeña cosecha de maíz.
 
Ella apoya el boicot a Fyffes a menos que la empresa se quede y acepte al sindicato. “No creo que los consumidores se den cuenta de lo que está sucediendo aquí. Desearía que pudieran venir y ver la situación por ellos mismos. La gente no debería comprar estos productos”, dice.
 
Los trabajadores también están luchando en otros frentes. Los miembros del sindicato han presentado demandas legales para exigir compensación por lo que dicen es un pago salarial insuficiente. Pero las probabilidades están en su contra. A pesar de las promesas de Fyffes de que no abandonará la región, el alcalde de la ciudad ha provocado más ansiedad entre los trabajadores, diciendo que los sindicalistas serán culpables si la empresa se va. Patricia Riera, la intermediaria del sindicato con la Confederación de Festagro Nacional, dice que el delegado presidencial de la región le ha advertido que debería “dejar de meterse”.
 
Éste es un lugar peligroso para molestar a personas poderosas. Honduras está entre los tres países con más asesinatos del mundo. Activistas de derechos humanos, ecologistas, periodistas y sindicalistas son con frecuencia objeto de ataque por alzar sus voces de protesta. Algunos casos provocan indignación internacional, cosmo el asesinato en este año de Berta Cáceres, la activista en contra de represas, galardonada con el Premio Goldman. Muchos otros asesinatos no son denunciados. El año pasado, un activista universitario, Hector Martinez Motiño, fue asesinado a balazos en Choluteca.
 
Miembros del sindicato muestran una nota amenazadora que dicen les pusieron en su buzón el mes pasado. "Desistan de organizar sindicatos o verán las consecuencias... están advertidos", dice la nota.
 
Aunque no hay ninguna sugerencia de que Fyffes esté detrás de ninguna amenaza, el clima de temor en Honduras y los peligros bien documentados para los activistas de todo tipo que protesten, conllevan, dice Riera, a que ella se sienta bajo una enorme presión y tema por su seguridad personal. Ha pedido ayuda del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pero rechazó una oferta del gobierno de proveerle de un soldado de guardia, porque no confía en el ejército. Cuando The Guardian visitó los campos de melones, ella esperó en otra parte para no  ser vista por los guardias de la empresa.
 
Con el aumento de la tensión, ella ha decidido mudarse a otra ciudad por tres meses. Es la primera vez que se ha sentido forzada a abandonar su hogar. "Tengo que irme debido a la situación", dice. "Se está volviendo demasiado peligroso así que necesito mantener un perfil bajo por un tiempo ".
 
En su página web, Fyffes - que también es la productora de bananas más grande del mundo, – afirma que "la buena relación con la comunidad es parte de la ética laboral". Anteriormente fue objeto de intensas críticas por violaciones laborales en sus plantaciones de piña en Costa Rica. Pero la empresa dijo que su política es de "dialogar e interactuar con cualquier sindicato que esté correctamente constituido y está trabajando gustosamente con miembros sindicales en muchas áreas de nuestra empresa".
 
Bert Schouwenburg, Director Internacional de la Fundación de Solidaridad Internacional (GMB), dijo que las preocupaciones planteadas por el gobierno de que Fyffes dejará Honduras han creado una de las peores situaciones que ha visto en sus muchos años en América Latina. "En una zona de alto desempleo donde comunidades enteras están en listas negras, esto equivale a amenazarles, a ellos y a sus familias, con  hambre", él dijo. "Fyffes es un empresario deplorable que no se preocupa por sus trabajadores que trabajan en un calor infernal para producir el fruto que trae ganancias a la empresa. No tienen ningún respeto por la ley nacional ni internacional que regula los derechos de los trabajadores y tendrán que rendir cuentas".
 
GMB ha instado a la Iniciativa de Comercio Ético (Ethical Trading Initiative), organización financiada por el gobierno británico (que se supone que debe garantizar los derechos de negociación colectiva) para expulsar a Fyffes, pero hasta ahora la demanda ha caído en oídos sordos.
 
Los trabajadores de Choluteca también han tenido el apoyo del sindicato danés 3F  y otros grupos internacionales. El mes pasado, una delegación de funcionarios comerciales estadounidenses y activistas de derechos laborales de los EE.UU, Europa y América Latina visitaron el área y pidieron que las filiales de Fyffes aceptaran al sindicato y mejoraran las condiciones laborales.
 
Sin embargo, con miembros todavía condenados al ostracismo, los dirigentes sindicales también buscan la ayuda de los consumidores extranjeros. “La gente nos podría ayudar boicoteando los productos de Fyffes hasta que afronten esta situación”, dice Gómez.
 
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