Herbicida tóxico prohibido dentro de las peticiones para detener la expansión de piñas en Costa Rica

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El 16 de mayo, el gobierno de Costa Rica anunció que se prohibía, en todo el país, el uso del herbicida químico tóxico Bromacil. 
 
Este químico es ampliamente utilizado por los productores de piña, pero presenta un alto riesgo de contaminar aguas subterráneas y afectar la salud humana. Efectos en la salud humana incluyen irritación de la piel, ojos y tracto respiratorio, vómito, debilidad muscular y diarrea; al mismo tiempo que ha sido ligado a cáncer de tiroides, hígado y riñón. 
 
“Hemos analizado, desde el punto de vista medioambiental – que Bromacil es altamente tóxico, especialmente para los humanos, es altamente soluble y llega a aguas subterráneas después de ser aplicado,” reveló el experto ambientalista Elidier Vargas, quien explicó que la misma agua subterránea es usada para consumo humano. 
 
El decreto establecería las condiciones bajo las cuales el producto podría ser usado, de acuerdo con las agencias, muchos productores no se han dado cuenta que sus plantaciones se localizan por arriba de los acuíferos. Juntas, las agencias establecería un sistema permanente de monitoreo para determinar la eficiencia de las restricciones. 
 
El decreto establece un periodo de seis meses para que los productores de piña dejen de usar el herbicida y modifiquen sus procedimientos agrícolas para combatir las malas hierbas.
 
In banning Bromacil, Costa Rica will be joining countries such as Germany, Belize, Slovenia and Sweden, who have already imposed a ban due to its impact on health and the environment. 
 
Al prohibir el Bromacil, Costa Rica se estaría uniendo a países como Alemania, Belice, Eslovenia y Suiza, los cuales ya han impuesto una prohibición debido a su impacto en la salud y el medio ambiente. 
 
Peticiones para detener la expansión de piñas
 
El anuncio de la prohibición se presenta en medio de peticiones hechas por ambientalistas y sindicalistas para detener la expansión de la producción de piña en el país. Incluyendo la manifestación reciente, en San José, en contra del permiso de producción de piña otorgada a una subsidiaria local de Del Monte, en la región del Pacífico Sur de Costa Rica.
 
 
Opositores de este permiso argumentan que la nueva área de 602 hectáreas se localiza muy cerca de varias áreas protegidas, incluyendo el humedal Térraba Sierpe y cuatro sitios arqueológicos reconocidos como Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO). 
 
Entre los manifestantes, ante la Asamblea Legislativa, estuvieron legisladores y otros líderes del partido izquierdista Frente Amplio, incluyendo a Edgardo Araya y el excandidato presidencial José María Villalta. 
 
Araya indicó que la administración del presidente Luis Guillermo Solís prometió ordenar una moratoria para investigar y frenar todas las prácticas dañinas, “pero es obvio que ellos tienen miedo de las grandes compañías de la piña.” 
 
La producción de piña en Costa Rica ha sido ampliamente criticada durante años, a partir de reportes públicos de casos de problemas en la salud de poblaciones locales, causados por la contaminación del suelo y agua con las substancias químicas utilizadas por las fincas. 
 
Trabajadores agrícolas también han presentado quejas por prácticas laborales abusivas, alegando violaciones tales como turnos de 12 horas, y prohibiciones en las actividades sindicales. Compañías que producen piñas también se han visto envueltas en disputas con grupos indígenas en torno a la propiedad de la tierra. 
 
El socio sindicalista de Banana Link, en Costa Rica, – SITRAP (Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas) – ha dado una declaración oponiéndose a la expansión. Ellos señalan que mientras políticos y productores celebran la contribución de la producción de piña a la economía de Costa Rica, están ignorando los altos costos en términos del daño al medio ambiente y a la salud humana, así como violaciones a derechos humanos. 
 
Investigación del Ministerio de Ambiente y Energía  (MINAE)
 
Actualmente, oficiales de MINAE están investigando las quejas sobre este proyecto, y el 9 de mayo condujeron una inspección de campo en la finca. A partir de la inspección, los oficiales del gobierno recomendaron detener todo el trabajo en las tierras agrícolas hasta que se tomen medidas para proteger los humedales y otras áreas protegidas. 
 
El reporte recomienda detener todas las acciones dirigidas a remover vegetación hasta que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) del MINAE lleve a cabo una delimitación apropiada de los tres humedales cerca de la finca. El documento también recomiendo ordenar al desarrollador del proyecto que establezca límites claros en la propiedad “de manera que todas las actividades agrícolas sean realizadas fuera de los humedales.”
 
Acción legal 
 
Acciones legales también han sido tomadas para detener los efectos dañinos de la producción de piña. Mauricio Álvarez, presidente de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), dijo en una declaración pública, que coincidía con la manifestación, que ellos han llenado quejas legales contra dos decretos aprobados recientemente, los cuales “dañarían los derechos de los grupos indígenas y agricultores locales, y favorecería a las grandes compañías.”
 
La primera acción legal busca proteger el derecho de propiedad, de variedades de semillas locales, de las compañías transnacionales. La otra acción busca eliminar un decreto que permite a las compañías registrar agroquímicos sin la evaluación local de sus posibles efectos. 
 
Fuentes – multiple reportes noticiosos costarricenses.