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Los legisladores costarricenses se dirigen a la confrontación con la OIT |
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19 de Octubre de 2009, Banana Link
Fue en Septiembre de 2006 cuando los sindicatos costarricenses agrupados en la Central Social Juanito Mora Porras presentaron una queja a la Unión Europea (UE) sobre la violación sistemática de derechos sindicales y del derecho a la negociación colectiva en los sectores público y privado de Costa Rica. Los sindicatos solicitaron una investigación sobre si este país debería beneficiarse de ventajas comerciales (SGP+) otorgadas por países que sí acatan una serie de estándares laborales, medioambientales y de derechos humanos. Una segunda queja fue presentada por la confederación sindical cuando las ventajas comerciales ofrecidas por la UE debían ser renovadas a finales de 2008.
En respuesta a esto, los Comisarios de Comercio de la UE - Peter Mandelson y ahora la baronesa Catherine Ashton – se han diferido consistentemente a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y han señalado que el gobierno de Costa Rica ha prometido hacer reformas legislativas que le harían estar en conformidad con las convenciones fundamentales de la OIT. Con el apoyo de sindicatos británicos, CSJMP ha buscado una investigación formal que sea realizada por la EU: “Desde hace mucho la GMB ha venido llamando nuestra atención sobre los extendidos ataques a los derechos sindicales y libertades en Costa Rica, y sobre los intentos sistemáticos del gobierno y la patronal de debilitar el sindicalismo democrático en el país mediante su apoyo a asociaciones anti-sindicalistas, intimidación y soborno de trabajadores para que no se unan a sindicatos independientes que protejan sus intereses. Sindicalistas han sido blanco de ataques y despidos. Semejantes prácticas son un claro incumplimiento de las convenciones de la OIT y de los términos de los acuerdos SGP+, y están teniendo un efecto devastador sobre el trabajo de sindicatos independientes en el país.”
Hoy, en una carta dirigida a la CSJMP, la baronesa Ashton repitió que «la OIT ha pedido con insistencia al gobierno [de Costa Rica] que tome pasos concretos para tratar estos problemas, le ha ofrecido asitencia técnica para hacerlo y ha pedido al gobierno que en el transcurso de este año les informe sobre los pasos que se hayan dado y los planes futuros, incluyendo una cronología detallada de los mismos.»
Sin embargo, es muy probable que la OIT descubra que el gobierno costarricense ha evitado sistemáticamente tomar pasos concretos para cumplir con el Convenio 98 de la OIT, no ha sido capaz de ratificar los Convenios 151 y 154 como había prometido, y ahora está intentando legitimizar el papel de las asociaciones anti-sindicalistas como parte de su nuevo paquete de reformas de la legislación laboral. Además, tras más de 10 años prometiendo que se van a endurecer las leyes que garanticen la libertad sindical, el parlamento votó en contra del «Proyecto de Libertades Sindicales» el pasado 6 de Octubre.
Los esfuerzos del presidente costarricense Oscar Arias - quien en la Conferencia Internacional del Trabajo de 2006 hizo solemnes promesas de que todo estaba yendo por buen camino - para mantener a su país fuera de la llamada «lista negra» de países que sistemáticamente incumplen sus compromisos con los estándares internacionales de trabajo parecen ser condenados a fracasar.
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