Durante algunos años, el movimiento internacional de sindicatos y algunas ONGs han presionado para la incorporación de cláusulas que requieran un respeto a las normas sociales y ambientales mínimas dentro de los acuerdos de comercio internacional. Esta visión es apoyada por muchos sindicatos de trabajadores bananeros. Una actual campaña en contra de la tercerización en América Central ha adoptado el slogan “los derechos laborales no son una barrera para el comercio” (véase Aseprola)

El argumento subyacente detrás de dichas cláusulas es de que el libre comercio tiende a dar una ventaja comparativa a los productores quienes adoptan los normas más bajas posibles (efectivamente, esto estimula la carrera hacia el fondo). Un productor que explota a los trabajadores podrá ser capaz de producir bienes muchos más baratos en comparación con otro que pague a sus trabajadores salarios de subsistencia. Esto permitiría que se apoderen del mercado del productor más responsable.

Bajo el actual reglamento de la OMC, un país importador no puede discriminar a las importaciones de países cuyas normas laborales y sociales son malas.

La idea de introducir cláusulas sociales y ambientales es que con esto se permitiría a los importadores discriminar a productos provenientes de países donde han violado las normas básicas. En otras palabras, todavía existirá el famoso “terreno de juego nivelado”. Sin embargo, solamente serán invitados a jugar los países que han respetado las normas mínimas.

Dada la diversidad de geografía y topografía, no es fácil elaborar un conjunto de normas ambientales universales. Sin embargo, la dimensión social podría ser tratada más fácilmente. Las convenciones de la OIT tienen una amplia aceptación internacional y establecen normas mínimas. La mayoría de países ya las han tomado, a pesar de que las normas son ignoradas en la práctica. Si la discriminación fuera permitida bajo las reglas de la OMC en contra de países (o industrias dentro de los mismos) que no cumplen con las convenciones, esto brindaría un incentivo muy fuerte para los gobiernos productores para que se cumplan con las normas las cuales ellos ya  han ratificado la mayoría por escrito.

Una cláusula social referente al cumplimiento apropiado de las convenciones de la OTI no necesita presentar ninguna dificultad técnica y pude formular normas globales rápidamente, si por ejemplo un importador muy importante como la UE comience a imponer barreras arancelarias en contra de las importaciones de países donde no se cumplieron las convenciones. El aumento de los aranceles también podrían ser reciclados para financiar el establecimiento y capacitación de un cuerpo de inspectores en países incumplidores, permitiéndoles cumplir las normas y por consiguiente evitar más discriminación en contra de sus productos en los próximos años.

Mientras dicha estrategia es potencialmente factible y real, existen considerables dificultades políticas. En la primera conferencia ministerial de la OMC, en Singapur en diciembre de 1996, cuando se mencionó el tema sobre cláusulas especiales, el único acuerdo entre los gobiernos era que la OIT y la OMC deberían investigar a profundidad este tema. En Seattle, noviembre de 1999, el intento del gobierno de EEUU nuevamente en poner “las normas de trabajo” en la agenda fue uno de los factores que contribuyó al fracaso de las conversaciones en la OMC. Quizás, el actual obstáculo más grande es la falta de preparación de China de perder su ventaja comparativa económica, el cual lo obtiene al negar derechos humanos básicos a sus trabajadores.

En el corto o mediano plazo, los pedidos de los sindicatos de trabajadores de que dichas cláusulas sean involucradas en los acuerdos de comercio internacional son poco probables de ser tomados en cuenta.